Ana Garrido Ramos es la funcionaria que destapó la trama Gürtel, en Boadilla del Monte, hace ahora ocho años. Ayer jueves, en nuestra Sede Provincial, ofreció un coloquio sobre la corrupción en las instituciones. Resulta sobrecogedor escuchar un testimonio semejante de la propia persona que ha vivido vejaciones, acoso, pérdida del puesto de trabajo, seguimientos, denuncias infundadas, amenazas, y aun así sigue luchando día a día y aconsejando a otras personas. Ana es una persona valiente y fuerte que, después de todo, conserva el sentido del humor.
Su experiencia vital la dedica ahora a ayudar y apoyar a personas denunciantes de la corrupción. Creó la “Plataforma por la Honestidad”, en la que participan otros conocidos denunciantes de corrupción en España, como el exteniente Luis Gonzalo Segura, la exdirectora de Obra en Acuamed Azahara Peralta, o el ex trabajador de UGT Andalucía Roberto Macías (http://plataformaxlahonestidad.es/plxh).
El primer paso para sacar un caso de corrupción a la luz es dado siempre por una persona desde dentro de la institución. Antes era tremendamente arriesgado, pero desde entonces se han creado diversas plataformas que guían a las personas deseosas de denunciar la corrupción en sus ámbitos, de forma que los corruptos no sepan quien ha aportado la información relativa a sus delitos. Por poner dos ejemplos, tenemos “Fíltrala” (https://filtrala.org/) y Xnet (https://xnet-x.net/buzon-xnet/).
Hemos querido enmarcar este evento dentro de la “Semana contra la Corrupción” que varios colectivos estamos apoyando en Albacete. Aprovechamos para recordar la “Foto Masiva contra la Corrupción” que tendrá lugar este sábado 27 a las 7 de la tarde en las escaleras de la Plaza Virgen de los Llanos (entre la Plaza de la Constitución y la Catedral).
Podemos ha emitido este jueves, en la Casa José Saramago y en dos pases “B, la película” sobre el caso Bárcenas, con debate posterior con la presencia de uno de los productores de la misma, Francisco Javier Urdiales.
La película, dirigida por David Ilundain, que te deja pegado a la silla por su intensidad y crudeza, ha sido recientemente nominada a tres Goya, a mejor actor, Pedro Casablanc, mejor actor secundario, Manolo Solo y mejor guión adaptado.
A pesar del regalo que supone estas nominaciones a los Goya, el productor ha explicado las numerosas trabas que se han encontrado para realizar la película. En primer lugar, se tuvo que autofinanciar a través de un micromecenazgo con aportaciones de la gente, debido a la negativa de las administraciones a subvencionarla. Después ha encontrado numerosos obstáculos tanto en la grabación como en la distribución de la misma.
La película está basada en el sumario del caso del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y en concreto en su declaración ante el juez Ruz, en el que expone de manera precisa toda la mecánica de financiación irregular llevada a cabo por el PP desde 1989, el manejo de su contabilidad B, el pago por parte de grandes empresas de importantes cantidades como donantes, así como el uso del dinero B tanto para financiar obras de la sede del PP, como para repartirlo entre los diferentes miembros de la cúpula del PP.
Entre los numerosos casos que la película transcribe del sumario de Bárcenas se encuentra la presunta financiación en el PP de Castilla-La Mancha, con Cospedal y Tirado a la cabeza, así como el supuesto amaño de la contrata de limpieza del por entonces gobierno municipal del PP en Toledo.
Precisamente, para acabar con la corrupción sistémica y aberrante que hemos sufrido en estos últimos años, no sólo con el caso Bárcenas, sino con la Gürtel, Púnica, Pujol o EREs, que ha costado a las arcas públicas más de 48.000 millones de euros, Podemos plantea un conjunto de medidas para luchar contra esta lacra, impedir el fraude fiscal e introducir la transparencia y la participación en la gestión pública.
Una de las primeras medidas que Podemos tomará será anular la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal del PP, la conocida ya como “Ley Berlusconi”, que acorta de manera escandalosa el tiempo de instrucción de los procedimientos judiciales penales, lo que impedirá en la práctica investigar de manera adecuada casos de corrupción que requieren mucho tiempo y medios. También propone despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y eliminar la dependencia de la Fiscalía del Gobierno.
Podemos propone eliminar los privilegios de los políticos, como son los fondos privados de pensiones o los aforamientos y reducirá su sueldo para que no sean superiores al de los funcionarios del Estado, medida que consideramos ejemplarizante, frente al aumento de sueldo del Presidente de 78.000 a 300.000 euros que propone Ciudadanos. También prohibirá por ley las puertas giratorias entre ex cargos públicos y grandes compañías como las eléctricas, vicio en el que han incurrido de manera sistemática tanto el PP como el PSOE.
Podemos desarrollará un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del Poder Gubernamental, con amplia participación de la sociedad civil. También pondrá en marcha un plan integral de lucha contra el fraude, especialmente de las grandes corporaciones, que garantice la autonomía de la Agencia Tributaria, impidiendo su uso partidario y ampliando su personal.
También se aprobará un paquete de medidas contra los paraísos fiscales para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Se acabará con las sicav para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas.
Podemos ha demostrado que es posible tener cuentas de cristal, siendo también el único partido que no se financia a través de entidades bancarias. En este sentido, Podemos propone, entre otras muchas medidas dirigidas a permitir la transparencia y la participación ciudadana, que los programas electorales sean entendidos como contratos con la ciudadanía, por lo que en caso de incumplimiento, se plantea un mecanismo de revocatorio.
De “vergonzoso y anacrónico” califica Podemos Albacete que una “Feria declarada de interés turístico internacional”, reconocida como una de las más antiguas de España (con derecho reconocido hace más de 700 años en 1375 y confirmada por Felipe V hace más de 300), mantenga esa “patata caliente” con la que ningún gobierno municipal ha querido lidiar. Tanto PP, como PSOE, cuando han gobernado, siempre han mirado hacia otro lado cuando conocían perfectamente las múltiples irregularidades en la adjudicación de los Arcos y Stands de nuestra querida y valorada feria septembrina: Concesiones a grupos inexistentes, explotaciones de particulares, re alquileres que solo suponen lucro personal o de organizaciones encubiertas,… y claro, decenas de grupos, nuevos colectivos, peñas y partidos que no pueden acceder a ninguno, salvo enchufe, por estar todos dados.
No hace falta poner muchos ejemplos, pero baste señalar uno muy paradigmático, con un espacio bien extenso, y que año tras año se adjudica al PDNI (la extinta Nueva Izquierda) que como se sabe desapareció para integrarse en el PSOE hace varias legislaturas. Luego nos dice la gente que todos los años suelen ver de comilona ¿institucional? a diversos líderes políticos y sindicales de nuestra ciudad ¿?
No nos extraña que PSOE y PP que, como decimos, han gobernado varias legislaturas sin tocar este tema, (esperemos que no sea porque siguen manteniendo «amiguetes» entre los adjudicatarios), no digan, ni hagan nada. Pero sí, que Ciudadanos o Ganemos no hayan entrado al trapo, cuando han tenido algo de tiempo y se supone que son de los nuevos partidos que como Podemos, apuestan por la renovación y limpieza de la política en España. Esperemos que tampoco sea porque haya en sus filas, adjudicatarios que hacen su “septiembre” realquilando a terceros.
Podemos Albacete, en su afán de transparencia y lucha contra todo tipo de corrupción quiere denunciar esto para que no se permita un sólo año más. Si hemos querido salir ya bien entrada la feria, y después de poner el caso en conocimiento del concejal correspondiente, además de para comprobar la existencia de algunos casos que nos habían señalado, ha sido para que no se pensara que se trata de una pataleta por no haber conseguido el stand solicitado en tiempo y forma, de cuya respuesta sólo tuvimos el mantra habitual de “no hay ningún espacio libre, porque todos los del año anterior han renovado”.
No queremos alargarnos más porque lo que pedimos es muy simple: que se revisen las adjudicaciones de espacios, se controle y actualice las adjudicaciones que correspondan, se publiquen -con total transparencia- las condiciones de adjudicación y, si llegara el caso, las subastas oportunas, para que ya no se permita más, ese “San Simón Seguir” que en nada favorece a nuestra feria. Y que nadie se confunda, que no estamos denunciando el que cualquier organización, asociación, peña o partido, adjudique la concesión de la barra y restauración a un tercero, que eso es perfectamente lógico y legal. Creemos que todo el mundo que haya pasado por nuestra feria sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo.
Por último y sin que pretendamos ser más papistas que el papa, advertimos que son varias las leyes que se pueden estar vulnerando, así como incumpliendo otras normativas administrativas de carácter estatal y autonómico, ya que la única regulación que hay sobre el tema es de julio del año 1992, y no se ha adecuado a la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Pero la más flagrante –a juicio de Podemos- es la vulneración de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En concreto esta Ley establece que la adjudicación de patrimonio público estará sujeta a un régimen de concurrencia o concurso (según la naturaleza del patrimonio), al ser un número limitado de adjudicaciones y muchos peticionarios. La adjudicación directa, que es el mecanismo habitual con el que siempre adjudican, sólo sería válida en el caso –inexistente en Albacete- de que hubiese más vacantes que solicitantes. Así mismo. no cumple con la transparencia que una administración le debe a sus ciudadanos.
