De “vergonzoso y anacrónico” califica Podemos Albacete que una “Feria declarada de interés turístico internacional”, reconocida como una de las más antiguas de España (con derecho reconocido hace más de 700 años en 1375 y confirmada por Felipe V hace más de 300), mantenga esa “patata caliente” con la que ningún gobierno municipal ha querido lidiar. Tanto PP, como PSOE, cuando han gobernado, siempre han mirado hacia otro lado cuando conocían perfectamente las múltiples irregularidades en la adjudicación de los Arcos y Stands de nuestra querida y valorada feria septembrina: Concesiones a grupos inexistentes, explotaciones de particulares, re alquileres que solo suponen lucro personal o de organizaciones encubiertas,… y claro, decenas de grupos, nuevos colectivos, peñas y partidos que no pueden acceder a ninguno, salvo enchufe, por estar todos dados.

No hace falta poner muchos ejemplos, pero baste señalar uno muy paradigmático, con un espacio bien extenso, y que año tras año se adjudica al PDNI (la extinta Nueva Izquierda) que como se sabe desapareció para integrarse en el PSOE hace varias legislaturas. Luego nos dice la gente que todos los años suelen ver de comilona ¿institucional? a diversos líderes políticos y sindicales de nuestra ciudad ¿?

No nos extraña que PSOE y PP que, como decimos, han gobernado varias legislaturas sin tocar este tema, (esperemos que no sea porque siguen manteniendo «amiguetes» entre los adjudicatarios), no digan, ni hagan nada. Pero sí, que Ciudadanos o Ganemos no hayan entrado al trapo, cuando han tenido algo de tiempo y se supone que son de los nuevos partidos que como Podemos, apuestan por la renovación y limpieza de la política en España. Esperemos que tampoco sea porque haya en sus filas, adjudicatarios que hacen su “septiembre” realquilando a terceros.

Podemos Albacete, en su afán de transparencia y lucha contra todo tipo de corrupción quiere denunciar esto para que no se permita un sólo año más. Si hemos querido salir ya bien entrada la feria, y después de poner el caso en conocimiento del concejal correspondiente, además de para comprobar la existencia de algunos casos que nos habían señalado, ha sido para que no se pensara que se trata de una pataleta por no haber conseguido el stand solicitado en tiempo y forma, de cuya respuesta sólo tuvimos el mantra habitual de “no hay ningún espacio libre, porque todos los del año anterior han renovado”.

No queremos alargarnos más porque lo que pedimos es muy simple: que se revisen las adjudicaciones de espacios, se controle y actualice las adjudicaciones que correspondan, se publiquen -con total transparencia- las condiciones de adjudicación y, si llegara el caso, las subastas oportunas, para que ya no se permita más, ese “San Simón Seguir” que en nada favorece a nuestra feria. Y que nadie se confunda, que no estamos denunciando el que cualquier organización, asociación, peña o partido, adjudique la concesión de la barra y restauración a un tercero, que eso es perfectamente lógico y legal. Creemos que todo el mundo que haya pasado por nuestra feria sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo.

Por último y sin que pretendamos ser más papistas que el papa, advertimos que son varias las leyes que se pueden estar vulnerando, así como incumpliendo otras normativas administrativas de carácter estatal y autonómico, ya que la única regulación que hay sobre el tema es de julio del año 1992, y no se ha adecuado a la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Pero la más flagrante –a juicio de Podemos- es la vulneración de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En concreto esta Ley establece que la adjudicación de patrimonio público estará sujeta a un régimen de concurrencia o concurso (según la naturaleza del patrimonio), al ser un número limitado de adjudicaciones y muchos peticionarios. La adjudicación directa, que es el mecanismo habitual con el que siempre adjudican, sólo sería válida en el caso –inexistente en Albacete- de que hubiese más vacantes que solicitantes. Así mismo. no cumple con la transparencia que una administración le debe a sus ciudadanos.