Recientemente la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, reconoció que en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no se realizan abortos programados. De las cerca de 3000 interrupciones voluntarias del embarazo (IVES) que se realizan al año, el 100% se practican en centros privados, muchas veces fuera de la comunidad de Castilla-La Mancha.

Esto se debe a la objeción de conciencia de prácticamente la totalidad de ginecólogos de nuestro sistema público de salud. Es muy necesaria la creación de un registro, como ya existe en Navarra, de profesionales que alegan objeción de conciencia, para que el sistema público conozca cuales son los recursos con los que cuenta. ¿Existen profesionales que se niegan a practicar estas intervenciones en la sanidad pública, pero que no tienen conflicto moral alguno al practicarlas y cobrarlas en su clínica privada?

Además, diversas asociaciones y entidades han hecho pública la realidad las mujeres que interrumpen su embarazo por motivos médicos en algunos de esos centros privados de nuestro país. Las experiencias, además de dolorosas, conllevan riesgos para su salud emocional y psicológica. La sensación de abandono por el sistema público se suma al miedo a perder la integridad física por las condiciones deficientes de algunos de esos centros.

Desde Podemos Albacete denunciamos el uso abusivo de la objeción de conciencia, ya que no se ofrece una alternativa pública y de calidad en estos procesos, siendo estas familias expulsadas, estigmatizadas y juzgadas, aumentando así la vulnerabilidad y probabilidad de padecer trastornos físicos y patológicos.

Es necesario implementar un protocolo unificado de atención al parto en caso de muerte gestacional, en perinatales y en interrupción del embarazo, además de crear un circuito dentro de la asistencia pública, que permita dichos procesos en los hospitales de referencia.

Gracias a la aprobación de la ley que tipifica como delito el acoso en las puertas de las clínicas privadas, deseamos que finalice el hostigamiento que sufren las ciudadanas de Albacete, y de otras partes de España, desde hace años. Dejando de lado las distintas consideraciones sobre el aborto, consideramos que es un logro que las albaceteñas y sus familias puedan ejercer su derecho sin ser acosadas.