Así lo ha manifestado Fernando Prieto, candidato de Podemos por Albacete en el debate organizado por ASEFE, asociación de economistas y futuros emprendedores en la Universidad, junto a los representantes de otras cuatro formaciones en el que se ha debatido sobre las diferentes propuestas que cada uno de ellos llevan en su programa en el ámbito social, económico, medioambiental o de reforma institucional.
En este sentido, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, Podemos ha presentado hoy en toda España, y también en Albacete, las líneas generales de sus propuestas en la lucha contra la corrupción, explicadas en el debate por Fernando Prieto. Podemos pretende que estas propuestas contra la corrupción se conviertan en garantías constitucionales y además cuenta con la presencia de varios ex jueces en sus candidaturas, como la ex portavoz de Jueces por la Democracia, Victoria Rosell o Juan Pedro Yllanes, magistrado en excedencia que estaba llamado a presidir el tribunal que juzgará a la infanta Cristina y a su esposo Iñaki Urdangarín por el famoso caso Nóos.
Podemos propone en su programa que los altos cargos, designados y electos del Gobierno y de la Administración no puedan formar parte de consejos de administración de empresas del Ibex35, como ocurre en este momento con numerosos ex mandatarios de PP y PSOE. Además, reforzará las incompatibilidades y aumentará a 10 años el periodo de espera para que políticos y personal de libre designación pueda ser contratado por empresas relacionadas con su gestión.
La formación morada también rechaza contundentemente la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, conocida ya como “ley Berlusconi”, que acorta de manera importante los periodos de instrucción de las causas, lo que puede provocar que las grandes causas de corrupción, como la Gürtel, el caso Rato o los EREs no puedan ser investigados en profundidad, quedando impunes sus responsables.
Además, Podemos plantea la despolitización de la justicia y eliminar la dependencia de la Fiscalía del Poder ejecutivo.