Resolución sobre lista de espera para adjudicación de viviendas en régimen de alquiler del Ayuntamiento de Albacete

600El pasado 28 de octubre de 2014, la Junta Rectora del Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Albacete, ha aprobado los criterios para elaborar la lista de espera para los dos próximos años para viviendas de titularidad del Ayuntamiento de Albacete en régimen de alquiler.

El escaso número de viviendas que se ofrecen para el alquiler es de 17, de las cuales 1 es para personas con movilidad reducida y sólo 3 para personas con menos de 32 años. Además, ninguna de las viviendas ofrecidas se sitúa en los barrios de La Milagrosa y La Estrella, a pesar de que es conocido que existen viviendas vacías en dicha zona de la ciudad.

Pero lo escandaloso no es sólo el insuficiente número de viviendas en alquiler que se ofertan, sino los precios mensuales que tendrán que pagar los usuarios de las mismas, así como los requisitos de acceso exigidos. En este sentido, los precios mensuales que tendrán que pagar los usuarios de las viviendas van a variar (excepto para una vivienda que se oferta en una pedanía) de los 163,23 euros a los 327,26 euros, a lo que hay que sumar fianza previa, pago de comunidad, agua, luz y la repercusión del IBI que el Ayuntamiento hace a los inquilinos. Es decir, unos gastos mensuales a los que tendría que hacer frente los inquilinos de estas viviendas públicas del Ayuntamiento a los que no pueden hacer frente un gran número de viviendas y que superan incluso los ofertados en el mercado privado. Además, supondrá en la práctica dejar en la calle a las personas sometidas a derribos en las 600, ya que la renta a pagar será inasumible para estas familias.

En cuanto a los requisitos de acceso, son injustos, por ejemplo, al valorar de manera excesiva la residencia ininterrumpida previa y sin embargo, valorar poco vivir en una infravivienda o ser víctima de violencia de género. Pero sobre todo son unos requisitos restrictivos, que dejan fuera a todas aquellas personas con ingresos familiares mínimos por debajo de 0,5 veces el IPREM, es decir, 3.727,57 euros anuales o 310 mensuales. Además, se deja expresamente fuera también, sin aportar alternativas, a las personas extracomunitarias sin permiso de residencia vigente.

Estas políticas de vivienda vulneran de manera flagrante la Constitución Española (Art. 47) y los Convenios Internacionales a favor de los Derechos Humanos firmados por España, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que las Administraciones públicas tienen que garantizar una vivienda a las familias que carezcan de recursos económicos, especialmente en aquellos casos en los que exista menores a cargo.

Ante esta situación, que se une a la política de desahucios que el propio Ayuntamiento está manteniendo en las viviendas de su propiedad, y en general a la nula e injusta política de vivienda pública realizada por las Instituciones Públicas, desde la Plataforma Stop Desahucios de Albacete se viene denunciando estas situaciones, que se han hecho visibles en el encierro realizado en el propio Ayuntamiento este pasado lunes, 24 de noviembre.

Es por todo ello que el Círculo de Podemos Albacete aprueba la siguiente RESOLUCIÓN:

  • Solicitamos una rectificación en los criterios de adjudicación establecidos por el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Junta Rectora de Vivienda, de viviendas municipales de protección oficial en régimen de alquiler, con el objetivo de que se atienda de manera prioritaria a las personas con mayor de necesidad en el acceso a una vivienda y con menos recursos económicos y dificultades sociales.
  • Solicitamos que los precios del alquiler se adapten a las posibilidades económicas de las familias con mayor necesidad en habitar una vivienda. Además, pedimos que el Ayuntamiento no repercuta el IBI a los inquilinos.
  • Solicitamos una ampliación del número de viviendas en alquiler, y también para venta, para ponerlas a disposición de aquellas familias y personas que más lo necesitan, con el objetivo de cumplir con las disposiciones de la Constitución Española, Tratados Internacionales y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
  • Solicitamos que se informe sobre el censo de viviendas públicas vacias del Ayuntamiento y de otras administraciones, con el objeto de que cumplan su función social.
  • Apoyamos las reivindicaciones que en el sentido expresado está realizando la Plataforma Stop Desahucios, así como las diferentes acciones que está llevando a cabo, como el encierro del pasado 24 de noviembre.

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